Conclusiones de Gerontovida 2004

Se manifestaron unánimes críticas al Modelo Neoliberal en todas las mesas temáticas de debate, pero también debe señalarse que en opinión de algún panelista, el análisis crítico de nuestra historia debe comenzar por las características que asumió el Estado de Bienestar.

Con el objetivo de hacer clara la lectura del presente material, se expondrán en primer lugar las referidas consideraciones al Estado de Bienestar, en consideración al orden cronológico histórico, para facilitar la comprensión del lector, y sus propias conclusiones.

Se plantea que el Estado de Bienestar nace como solución democrática de la crisis económica del ´30. Promover los cambios en el sistema económico suponían formas variables del círculo keinesiano virtuoso (creación de empleo, beneficios sociales que permitieran generar mayor demanda, aumento de la producción que conduciría a un mayor empleo), posibles a partir de la fuerte intervención del Estado en tareas no rentables para el capital privado, entre ellas las relativas a las materias de: trabajo, salud, educación, jubilación.
En términos políticos, este modelo económico estaba llamado a convivir con un sistema democrático que era la garantía de su legitimación. Sin embargo, lejos de las ilusiones de sus gestores, la propia dinámica del modelo de acumulación bienestarista generó contradicciones y límites que pusieron en cuestión la estabilidad del sistema y obligaron a las clases hegemónicas a replantear, una vez más, las condiciones de dominación apelando a importantes recortes en las formas de democracia y ciudadanía.

Sin excepción, los expertos convocados a las mesas de debate se manifestaron en sentido de las dificultades que tiene el sistema para satisfacer los derechos más elementales de sus ciudadanos, entre ellos los de los adultos mayores.

Hubo quien advirtió que el Estado argentino persiste en la actualidad a costa del superávit fiscal, en pagar a los organismos internacionales de crédito, utilizando estos recursos para refinanciar la deuda pública: reduciendo impuestos al patrimonio, formando un fondo de reserva para afrontar la próxima recesión, o promoviendo la inversión o alguna mejora del salario, todo lo cual vuelve a plantear una falsa disyuntiva, porque el excedente en cuestión es completamente insuficiente para comenzar a resolver la tragedia del desempleo, pobreza y retracción salarial. Y hasta quien señaló que en el pasaje del Modelo de Bienestar al económico Neoliberal, el Estado asumió un sentido más penal que de derecho, debilitando aún más los lazos sociales en la creciente tensión interclases, la mayor acumulación de riquezas por un grupo minoritario de la sociedad, con sus nefastas consecuencias para quienes no pertenecen a dicha aristocracia financiera.
Se puso de manifiesto el engaño al que nos sometió el capitalismo cuando nos disuadía respecto de los riesgos a los que nos exponíamos en caso de que avanzara el marxismo: pérdida de la propiedad privada y un fuerte impacto del ateísmo que atentaría contra la integridad familiar.
Como lo demuestra la actual coyuntura, fue el propio capitalismo - más destacadamente en su etapa neoliberal - el que por sobre los principios del Dios cristiano, promovió en su adoración al Dios mercado: la incautación de depósitos bancarios por parte del Estado (corralito financiero); la transferencia de los fondos previsionales a manos de las AFJP9 (con carácter compulsivo para la mayor parte de la masa trabajadora, bajo el pretexto de su indecisión, aumentando la deuda externa y perdiendo gran parte del capital al invertir en títulos); la pérdida de la soberanía nacional a través de las privatizaciones, la violación de garantías constitucionales; la pérdida de bienes de la población (viviendas, autos, comercios) y del empleo; el aumento de los índices de pobreza; el descreimiento en las instituciones democráticas y una profunda desesperanza de conjunto que resquebrajó la integridad familiar.

Se destaca la responsabilidad que en el descripto cuadro de situación le compete a diferentes sectores sociales, desde aquellos que vieron incrementadas sus ganancias tales como los bancos y financieras, hasta aquellos que tienen históricamente a su cargo la representatividad de la opinión pública como los partidos políticos y sindicatos, e incluso la propia ciudadanía en términos de su adscripción al pensamiento único. De esta forma - aunque variando los niveles de responsabilidad - fue la sociedad en su conjunto la que abonó y sustentó la idea de que el mercado era más eficiente para resolver las cuestiones sociales que el Estado vigente hasta ese momento, llegándose al extremo de la insólita situación de privatizar la propia Seguridad Social, y de justificaciones frente al desempleo que no lo relacionaban con una política de ajuste, sino con la falta de adaptación de la mano de obra a las nuevas tecnologías. Se creyó en la necesidad del sacrificio de sectores sociales en pro de la construcción de un mundo mejor del que hoy estamos tan alejados.
En sentido de lo señalado, se hace un llamamiento a observar y considerar que en la actualidad es con esos mismos sectores privados del Estado con los que el gobierno está discutiendo la cuestión de la deuda externa, y a relacionar el descreimiento en los sectores representativos de la opinión pública, con la particular actitud que tuvieron en esa coyuntura, evitando que la misma intoxique sus objetivos históricos.

En relación a las propuestas, todos los expertos opinaron que es imprescindible asumir nuestra responsabilidad como parte del Estado, de un lado abocándonos al análisis crítico de la historia, y de otro participando activamente en una reforma política que posibilite la mayor participación social y la mayor transparencia del Estado para hacerlo más eficiente.

Ente los temas de base que deberán considerarse para facilitar luego el diseño de las políticas pertinentes a cada campo temático, nos encontramos con propuestas que van desde: generar un plan político alternativo al vigente que contemple la suspensión del

9 Aseguradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
10 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

DERECHOS Y GARANTÍAS

Si bien la cuestión sobre los derechos y garantías atravesaron todas las mesas y constituyen aspectos sobre los que permanentemente se harán referencia a lo largo de la presente relatoría, destacaremos en este apartado lo expuesto en la mesa especialmente abocada a la temática.

Se destaca el valor del adulto mayor como portador de un capital humano no reconocido en nuestra cultura, caracterizada por confrontar paradigmas, poco proclive a la articulación racional de los mismos, y a la conjunción de las diversidades. Se entiende en este sentido que las lógicas del Mercado y la globalización, han estimulado esta circunstancia, pero que sin embargo no debe asignárseles la totalidad de la responsabilidad, sino que la sociedad también debe asumir un compromiso público en torno al recupero de dicho capital humano.

El Estado de Derecho ha incorporado a lo largo de los últimos 20 años de democracia, la doctrina básica de los Derechos Humanos, desde el Pacto de San José de Costa Rica, (ratificado en 1984) hasta la inclusión de las convenciones de Derechos Humanos más importantes en la Constitución Nacional. Asimismo, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha crecido en la letra y en la conciencia de la problemática de los Derechos Humanos, haciendo un especial énfasis en los derechos de sus franjas más vulnerables, entre ellas, la de los adultos mayores. Sin embargo, se destaca que entre la proclamación normativa, y la realidad conflictiva, existe el campo de las garantías sobre las que aún se debe trabajar. El establecimiento de las garantías es lo que permite el real y eficiente cumplimiento por parte de las instancias responsables, de aquello que la demanda social exige. No basta que el Estado reconozca los derechos de los adultos mayores, sino que deber garantizárselos.

En este mismo orden, y a través de un recorrido por los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, se apreció que, más allá de que en sus postulados se destaque que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y se promueva su goce sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, frente a situaciones específicas de discriminación y violación sistemática de los derechos humanos, se requirió adoptar nuevos instrumentos como las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de discriminación contra la mujer, y sobre los Derechos del Niño, todos ellos con rango constitucional en nuestro país. Sin embargo, poco o nada se dice de la situación de los ancianos, falencia que se relaciona con el escaso valor que se les asigna en nuestras culturas.
Recién en el Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocida como el Protocolo de San Salvador de 1988, incorpora en su artículo 17 de manera específica, el derecho de todas las personas a su protección especial durante la ancianidad, y el compromiso de los Estados a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias para que estos derechos se lleven a la práctica. Y en este sentido se entiende que nuestro Estado en particular, debe generar políticas públicas para el cumplimiento de estos derechos, que tiendan al desarrollo humano y social, partiendo del debate acerca del modelo económico que queremos como sociedad, en el que deben confluir todas los sectores que la componen, atendiendo de este modo a actuales circunstancias coyunturales que pueden llevar a incrementar la conflictividad social.

Se alerta sobre el gran centralismo vigente en el país, a través del cual no se considera con la gravedad que el caso amerita, la desigualdad existente entre los adultos mayores de Buenos Aires y los del resto del país, cuyos índices de pobreza son mayores. En este sentido se hace un llamamiento a atender esta emergencia, promoviéndose el reforzamiento del trabajo en red y la movilización popular, como herramienta para la toma de conciencia y camino para garantizar los derechos.

Se destacan las particularidades de la situación de las mujeres, cuya expectativa de vida es mayor que la de los hombres y que siguen haciéndose cargo del cuidado de los enfermos, niños y gente de su edad. Se advierte que los avances logrados respecto de su inclusión en la vida pública y en el reconocimiento de sus derechos, fueron pensados para un Estado de Bienestar, y que en nuestra actual coyuntura se produjeron retrocesos estructurales del conjunto de la sociedad, que requieren de nuevas problematizaciones y propuestas.
En el plano de las propuestas, se menciona un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (extraído de una experiencia desarrollada por mujeres italianas), relacionado con el uso del tiempo, que propone agregar a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que incluye un capítulo llamado La Ciudad y las Mujeres, especificaciones con relación a hacer de los cuidados una suerte de economía, donde pueda confluir Estado y la sociedad civil.

Asimismo, se considera de fundamental importancia generar movimientos sociales en torno a otras problemáticas como la presentada, en los que confluyan sectores públicos y privados cuya unión promueva que, programas de interés social, tomen mayor relevancia.

1) LA PREVISIÓN SOCIAL

El conjunto de los expositores especialistas en la materia, fueron configurando una caracterización del actual Sistema Previsional, abordado desde diferentes ángulos, pero coincidiendo unánimemente en su estado de destrucción, y en que, esa destrucción, tiene su origen en el saqueo del Sistema de Seguridad Social agudizado en la década del ´90. Entre los puntos más relevantes del actual estado del Sistema, puede destacarse:

El haber medio jubilatorio representa el 35% del sueldo medio registrado en la ANSES, es inmóvil, y no se ajusta ni por costo de vida, ni por el propio crecimiento del salario, o el crecimiento de la economía. En este sentido, la brecha entre el 82% móvil prometido a los jubilados y el actual 35% constituye una confiscación que se le ha hecho a la Tercera Edad.

Con relación a la situación de los activos se señala que, de los 15 millones de personas, 9 millones no aportan, en su carácter de desocupados o trabajadores en negro, lo cual redunda en que van a jubilarse 4 de cada 10 personas. Asimismo, los que están dentro del Sistema, y aportan al sistema público, se jubilarán con el 45% del sueldo que tuvieron en el último período de la vida activa, lo que inevitablemente afectará su nivel de vida. En el caso de aquellos que aportan al sistema privado, se hace difícil precisar de cuánto será el beneficio jubilatorio, lo único que puede saberse es que tendrán una PBU11 de $200, porque el resto está en títulos que dependen de las negociaciones de la deuda.
Inadmisiblemente en Argentina siguen vigentes leyes del año 1976 - año del golpe de Estado de la dictadura militar - restrictivas del derecho de los trabajadores. A estas leyes que empobrecieron a los trabajadores, y por lo tanto, a los recursos de la Seguridad Social, se les suma, con los decretos 1477 y 1478 del año 1989, la habilitación del pago de rubros en negro, como los tickte canasta entre otros, que resintieron aún más los derechos al tener incidencia sobre los aguinaldos, vacaciones, feriados, indemnizaciones, francos, salarios por enfermedad.

Estas medidas violatorias de los derechos de los trabajadores, se agudizan con el Ministro de Economía Domingo Cavallo, cuando por decreto promueve la reducción de los aportes patronales y contribuciones bajo el pretexto de que ellas favorecerían la creación de empleo y la disminución del trabajo en negro. Sin embargo la realidad fue inversa, con el agravante de que instituyó una violación patológica, tal es, la de promover desde el mismo gobierno nacional rebajas en las contribuciones patronales en el caso de que las empresas tomen nuevos trabajadores, en vez de blanquear al que existe. Esto implica una recurrencia en el fracaso histórico que obviamente tendremos que considerar la ciudadanía a la hora de intervenir en materia de reforma laboral.

La vinculación entre la cuestión previsional y el desempleo, arroja indicadores alarmantes: en Argentina 1.300.000 chicos de 15 a 24 años no trabajan ni estudian, situación que se suma al creciente número de trabajadores en edad de jubilarse que no pueden hacerlo, por lo que se hace evidente la urgente decisión política que de solución a la deuda interna.

La reforma previsional:

Se subraya el carácter poco participativo de la Secretaría de Seguridad Social al no convocar a amplios sectores que trabajan en la materia a la hora de debatir los grandes ejes de la reforma, y sin embargo sí ha convocando a profesionales como los de la OIT12 que ya efectuaron planteos poco adscriptos a la realidad Argentina expresados en el Libro Blanco de la Previsión Social.13
Como otro elemento a considerar, se destaca que la reforma previsional está colocada en la agenda gubernamental como último punto, luego de la reestructuración de la deuda y de la Ley de Coparticipación, por ser considerada desde el punto de vista económico como residual, priorizándose de esta forma la deuda externa sobre la interna. De persistir esta tendencia, habrá una rebaja en los montos para aquellos que se tienen que jubilar.

Los panelistas desarrollaron diferentes puntos de vista con relación a los ejes temáticos sobre los cuales pensar la reforma previsional. Entre ellos pueden destacarse:

La macroeconomía: constituye un aspecto relevante que hace a la posibilidad real de cobertura, y en este sentido se propone que como comunidad reflexionemos y tomemos posición sobre temas tales como la cuantía que deben tener los aportes patronales, o cuánto de la masa de impuestos que va a ser coparticipada va a estar destinada a la Seguridad Social.

La actual normativa:
Se la describió desde el punto de vista del Derecho como problemática tanto para los actuales jubilados como para los jubilables, en función de lo cual se proponen las siguientes medidas de cambio:

· Generar normativas ágiles para los casos en que haya que dar pruebas de servicios, o concubinatos.
· Modificar la ley de procedimientos para evitar, en caso de necesidad de juicios, que el jubilado tenga que llegar a la Corte Suprema de Justicia.
· Establecer algún método periódico de ajuste de haberes, o bien volver al establecido por la Ley 24.24114, para que los aumentos queden basados en cifras ciertas y no a la voluntad del funcionario de turno.
· Se recuerda que dentro de la misma ley, en su artículo 153, existe lo que se dio en denominar "la evasión legal" que establece topes de aportes para salarios de montos elevados, sobre el que se han presentado propuestas de eliminación (vetadas por el Congreso y en la Ley de Presupuesto) con el objetivo de aumentar la recaudación.
· Se destaca la urgente necesidad de modificar el sistema de controles médicos para los casos de las pensiones por discapacidad, en función de haberse creado un circuito pernicioso conforme el cual se utiliza una tabla de sumatoria de patologías, mecanismo que desconsidera la integralidad del sujeto, eliminando de la evaluación toda referencia a su situación social y edad, como variables relacionadas a la posibilidad real de reinserción laboral.

¿Sistema Público o Privado?
Destacada la crisis previsional de conjunto se señala que, si bien esta abarca tanto al sistema público como al privado, éste último es más intenso dado que las jubilaciones dependen de rendimientos financieros de fondos privados que están en crisis a partir de la caída de las bolsas y el fracaso de las especulaciones bursátiles, poniendo a los afiliados ante la disyuntiva de jubilarse con muy poco o retrasar su jubilación, cuestión que sigue sin brindarle garantías de lograr su objetivo.
Ahora bien, a la hora de debatir qué sistema queremos para el futuro, se introduce para consideración de las organizaciones un nuevo punto de vista que advierte que: a 10 años de la reforma estructural del sistema previsional, peligrosamente la discusión sigue centrada en los ejes público y privado, cuando esta opción se perfila como falsa, y sigue centrada en resoluciones econométricas y aspectos anacrónicos que ignoran la dinámica social y que terminan convirtiéndose en slogans antes que en variables, que como tales se transforman en el tiempo.

Lo intergeneracional:
Siguiendo nuestro análisis de la actual coyuntura se entiende que, de continuar este rumbo, las próximas generaciones deberán imponer más para sostener a los viejos que aportan menos y prolongan su vida, por lo tanto, y bajo el riesgo de que el concepto resulte escandaloso, se propone reemplazar la solidaridad intergeneracional por la social, a fin de evitar nuevas desigualdades.
Entre el Estado y el mundo privado falta el espacio público, que no se logra con el mero juego de la democracia sino con la democratización. La pugna social que debe estar encuadrada en el espacio de la política que es el espacio de la esfera pública, conformado por representaciones de instituciones y órganos específicos y fuertes, capaces de controlar el actuar de las empresas privadas y el Estado.

El aumento de la expectativa de vida:
Respecto de la teoría que relaciona la crisis del Sistema Previsional al aumento de la expectativa de vida, se señala su carácter pernicioso en consideración a que esta variable constituye una más entre otras tales como: la contribución, el empleo, el crecimiento económico, la evasión, la tasa de contribución que las empresas efectúan al sistema de seguridad social. Por tanto se hace imprescindible analizar la integralidad de los factores.

La Esperanza de vida:
Constituye otro de los indicadores considerados a la hora de analizar los sistemas de Seguridad Social, sobre el que surge la propuesta de una reflexión que parta de los largos años de aplicación de políticas excluyentes (del empleo, del acceso a la salud, generadoras de pobreza, hambruna, etc.) para preguntemos ¿cuál es el real número de personas mayores que efectivamente lograron concretar la creciente esperanza de vida? y sobre todo ¿en qué sectores aumentó la esperanza de vida?

11 Prestación Básica Universal.
12Organización Internacional del Trabajo.
13 Libro Blanco de la Previsión Social. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Seguridad Social. Buenos Aires, Argentina, mayo 2003
14 La ley 24.241, crea con vigencia a partir del 14 de julio de 1994, el llamado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

SALUD

DILEMAS Y PROBLEMAS

Luego de un exhaustivo diagnóstico se señala que: el sistema de atención debe ser integral y socio sanitario, desbordando, incluso, las previsiones de la atención primaria de la salud y atendiendo a la diversidad de problemáticas. También tiene que ser interdisciplinar, promoviendo la participación de distintas profesiones y rehabilitador, tanto respecto de sus objetivos curativos, como paliativos o de rehabilitación.
El modelo de organización de los servicios ha de ser global, con medidas en cada nivel y ámbito, y sectorizado, pero permeable y comunicativo.
Exige la clara definición y delimitación de los niveles de atención y de las estructuras, recursos y equipos funcionales y suficientes para satisfacer las necesidades que se plantean.
Deben existir criterios explícitos y específicos para la derivación y/o utilización de los recursos con obligada coordinación organizativa entre niveles. Se requieren estrategias oportunas para el desarrollo de los servicios, que garanticen la información y la implicación de los profesionales en el ámbito geográfico correspondiente.
También son necesarias medidas de evaluación que aporten la información requerida por el desarrollo ulterior. Debe contemplarse obligada y específicamente la formación y adiestramiento del personal y se requiere elaborar criterios de ordenación de recursos. Para avanzar en las modalidades de atención propuestas habrá que poner en marcha experiencias piloto en diferentes áreas geográficas.

La Mesa señaló como campos de problemas de inexorable consideración:
1. la vigencia de los derechos de los adultos mayores como requisito básico.
2. el riesgo que representa la propuesta del Seguro de Salud con financiamiento internacional: lleva a una mayor desregulación y desfinanciamiento del sector público, induce al consumo de prestaciones sanitarias privadas y facilita la fuga de capitales al exterior
3. la relación existente entre los abordajes escindidos (sociales por un lado y sanitarios por el otro) con nuevas formas de exclusión social.
Y se expresó a favor de:
1. La mano de obra intensiva en el sector. Instituir los servicios socio- sanitarios a través de equipos interdisciplinarios.
2. La utilización de la epidemiología para la planificación de las acciones e intervenciones, con la provisión de datos de forma continua, confiable y oportuna solo para describir y transformar la realidad..
3. El reposicionamiento de dos actores fundamentales: organizaciones sociales y trabajadores del sector.
4. La subordinación de la técnica a la Política de Salud y a los delineamientos socio sanitarios.
5. El replanteo crítico de los paradigmas que orientan las acciones en Tercera Edad, y que se expresan en el viraje imprescindible hacia la promoción de la salud de los históricos esfuerzos ligados a la tensión de la enfermedad.

Se esbozaron los principios que deben presidir la gestión socio sanitaria en el I.N.S.S.J.P.

1. Pese al carácter sectorial de las acciones, se debe procurar su organización a partir de una concepción integral de la sociedad, que brinde a cada uno de los beneficiarios los medios necesarios para su mayor y mejor desarrollo personal, a través de la necesaria articulación entre programas y recursos sociales y sanitarios
2. También debe ser integral la consideración de las personas, individuos únicos e inseparables de sus circunstancias, y no expresiones indiferenciadas de casos. Esta perspectiva exige la articulación, en un modelo de atención organizado, diversificado, coordinado y accesible con las medidas y dispositivos necesarios para garantizar la adecuada calidad de vida y exige asimismo la elaboración de programas personalizados de atención que permitan el aprovechamiento de los recursos formales e informales.
3. En el ámbito de la vida cotidiana de los afiliados se debe fomentar al máximo posible su autonomía personal, de modo de no generar acciones que auspiciaran directa o indirectamente la cronificación y el deterioro
4. El mantenimiento de las personas mayores en su domicilio en condiciones dignas, y hasta donde sea posible, no se justifica exclusivamente por razones económicas sino que es expresión de un deseo mayoritario formulado por las personas mayores y sus familiares. Sin duda resulta la mejor alternativa para frenar los procesos de deterioro físico y psíquico. En esa línea el apoyo a la red informal constituye un elemento esencial.
5. El planeamiento estratégico de las acciones y programas con el uso de dos herramientas centrales: la delimitación de los puntos críticos, que representan aquellos aspectos que situacionalmente pueden abordarse para declarar un problema como evitable y, la transformación de sujetos caóticos en sujetos "organizados", dado que a la viabilidad técnica, política y económica del proyecto debe sumarse la generación de poder organizacional para concretarlo.
6. La adecuación de los recursos a los usuarios como garantía para la eficacia, efectividad y equidad de las prácticas.
7. Los recursos humanos constituyen un elemento nuclear en una política de desarrollo social para los adultos mayores, y se erigieron como condición para el recupero del humanismo de los propios beneficiarios. Dicha política debe descansar sobre el trípode de la motivación, capacitación y adecuada ubicación de los RRHH.
8. La flexibilidad como criterio superador de falsas antinomias entre asistencialismo versus promoción social o entre programas focales versus programas poblacionales.
9. La atención personalizada y continua con la presencia progresiva de una red o set de recursos prestacionales en consonancia con las diferentes demandas evidenciadas entre la población beneficiaria.
10. La superación de la situación de emergencia y su progresiva adecuación a las necesidades crecientes exigen una consideración especial del fenómeno de la pobreza de los beneficiarios del INSSJP, con la caracterización de su incidencia creciente y el posterior planeamiento de medidas que garanticen la intervención adecuada y equitativa acorde con las características de cada situación compulsada.
11. Operacionalmente urge desterrar toda forma de gerenciamiento parasitario que distraiga partidas sanitarias y/o sociales, a fin de hacer efectivo y eficiente el gasto institucional.

Finalmente, la discusión y construcción del nuevo modelo prestacional del PAMI sobre la base de la integración socio sanitaria conlleva efectos perdurables en el tiempo. Resulta de importancia estratégica la generación y sostenimiento de un proyecto - ideal institucional pasible de ser identificado y apropiado por el personal y por los restantes actores institucionales. En síntesis, el modelo de coordinación socio sanitario se constituye como un insumo que permite el tránsito del actual momento corporativo sectorial a otro superador de carácter ético - general.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

· La transformación de la situación social, en el marco de las políticas neoliberales, ha generado la precariedad integral de la población conforme a la desarticulación de sus sistemas de protección social: el previsional y el socio -sanitario.
· La reforma de estos sistemas dio por resultado la desnaturalización y deshumanización de las políticas para toda la población, conculcando el derecho de la ciudadanía a percibirlas en el marco de la equidad, accesibilidad e integralidad.
· La búsqueda de la equidad social debe estar dada en una relación directa entre las instituciones que conforman el Estado y la sociedad civil, respetando cada uno sus roles.
· Establecer la complementariedad entre el Estado y la sociedad posibilita el fortalecimiento de todos los actores, mediante experiencias de trabajo compartidas, fomentando el compromiso familiar y personal en función del BIEN COMÚN.

· La Concepción Integral de la Sociedad genera acciones compartidas entre sus miembros, adecuando los recursos humanos y materiales a las necesidades propias de cada sector.
· Las Políticas Sociales para la Tercera Edad deben ser "INTEGRADAS " en cuanto deben integrar y articular varios factores concurrentes para influir en las cuestiones sociales que pretenden solucionar y "TOTALES" pues se deben ocupar de totalidades que influyen en la vida cotidiana de las personas mayores como la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la pobreza, los ingresos, el trabajo, cuestiones de género, las tradiciones y la recreación.
· La PARTICIPACIÓN ACTIVA de las organizaciones no gubernamentales que integran la Red Nacional Argentina de Adultos Mayores, en tanto compromiso con el otro y con uno mismo dentro de una sociedad, se manifiesta desde su creación en ACCIONES CONCRETAS que posibilitaron abordar no sólo la problemática ya instalada del sector sino prevenir las futuras, consultando con sus protagonistas, los viejos, las acciones a seguir.
· En este marco se destaca que la voluntad política de muchos compañeros que integran la Red y que ejercen una tarea ejecutiva en el ámbito municipal y provincial posibilitan desarrollar y promover programas conjuntamente con las Redes de Apoyo y Servicios:

1. Red Natural de Atención: Familia, Amigos, Vecinos, Cuidadores Informales.
2. Red Pública de Atención: Nación, Provincia, Municipio.
3. Red de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Red Gerontológica, Clubes de Abuelos, Asociaciones Vecinales, etc.
4. Red Prestacional Privada: Servicios Sanatoriales, Residencias Geriátricas, etc.

· Se destaca que :
1. el abismo( PROPUESTAS - DEMANDA) entre las necesidades de la Tercera Edad y algunas instituciones gubernamentales se puede soslayar a partir de programas de estímulo y apoyo.
2. el envejecimiento se incrementa sin los recursos adecuados de subsistencia.
3. que no basta con la adhesión formal a los Tratados Internacionales si estos no se cumplen en la práctica real.

Redimensionar el campo de la Gerontología Social supone la articulación del trabajo con otras ciencias: políticas, sociales, médicas, económicas- atravesando diferentes niveles- educativos, académicos, comunicacionales, organizacionales.

La PARTICIPACIÓN CON SENTIDO tiene como herramienta a LA ACCION. Ambas posibilitan la resolución de los diferentes campos problemáticos que amenazan y fracturan lo individual y lo colectivo , lo adquirido y lo potencial, la vida y la muerte digna , programando prácticas futuras que reviertan desde el ESTADO y la SOCIEDAD CIVIL la recuperación de las estructuras de poder que a cada uno le compete , y que en una relación dinámica y articulada de roles innovadores promuevan el ejercicio pleno de los DERECHOS DE CIUDADANIA de los viejos de hoy y los del mañana.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A modo de introducción a las exposiciones, se hizo referencia a la responsabilidad que generó a las organizaciones sociales la aplicación del modelo neoliberal, dado que el mismo ocasionó que el Estado dejara de cumplir con el rol asignado por la Constitución Nacional, en cuanto a garantizar los derechos individuales y colectivos a la Seguridad Social según lo establece el artículo 14 bis.

Así fue que el Estado se desligó de las necesidades y peticiones del pueblo interponiéndose entre ambos el mercado de consumo como regulador de las demandas, provocando la aparición de distintos reclamos de manera sectorial.

De esta forma comenzaron a surgir diferentes organizaciones en defensa de cada uno de los sectores involucrados ( los jubilados, los trabajadores agremiados estatales o privados, de la industria o comercio, de desocupados, etc.), convirtiendo su accionar en una herramienta de presión para que sus propuestas sean tenidas en cuenta en la formulación de las políticas públicas a aplicar.

La participación activa de los ciudadanos, su auto - convocatoria, su organización y el compromiso asumido de modificar las desigualdades e injusticia social, fue lo que posibilitó el crecimiento de nuevos espacios de formulación y propuestas que hoy nos convoca.
A partir de esta premisa, es nuestro objetivo centrarnos en la funcionalidad de estas organizaciones, de su fortalecimiento, del cumplimiento de sus objetivos para que su accionar permita la transformación de una realidad que nos preocupa.

La construcción del Foro en Defensa de la Seguridad Social se emprende a partir de constatar que los esfuerzos aislados de cada una de las organizaciones demandando respuestas, no obtenían los logros deseados. Por lo tanto se optó por coordinar las diferentes acciones a fin de arribar a una acción común e influir para que la Seguridad Social no esté ausente. Se trata de rescatar las necesidades y derechos del pueblo oponiéndonos a las políticas que privilegiaron a los grupos hegemónicos de poder.
Es claro que nos falta un largo camino a recorrer.

En el Congreso se rescató la autocrítica del sindicato de médicos, que miraban de lejos la problemática de la seguridad social y mientras los centros de jubilados se preocupaban por la salud, los médicos solo lo hacían por la enfermedad . El expositor se refirió al modelo prestacional de PAMI e indicó que fue una falacia lo de la libre elección y el pago por prestación, y que lo prioritario sería eliminar la tercerización y brindar una prestación directa para cubrir las necesidades reales de los jubilados. Por tanto, hay que gastar en salud, en eficiencia. La medicina no debe ser algo que se compre en el mercado. Hay que distribuir bien los recursos existentes para que todos tengamos acceso a la salud.
Desde los trabajadores de los organismos de la Seguridad Social se señaló que las leyes macroeconómicas que están gobernando al mundo no están derrotadas, sería un error pensar, que cambiamos el sistema. El avance del modelo neoliberal determinó la desgracia de mas de 500 millones de habitantes del planeta que pertenecían a la clase media.

En el año 1994 se cambió el modelo solidario por el individualista : con la ley 24.241 el sistema público de jubilaciones quedó en una muerte anunciada, provocando un genocidio sin precedentes de trabajadores y jubilados.

Se marcó la importancia de las palabras que usamos, enfatizando que "debemos ser más argentinos", no decir "este país" sino "nuestro país" y tener en cuenta que en el marco del mundo globalizado el peor Estado es mejor que la mejor empresa. Hay que rescatar al Estado.

La Federación de jubilados de la CTA hizo hincapié sobre la desigualdad social de la clase pasiva pues sobre 3.500.000 de jubilados, el 90% está debajo de la línea de pobreza y el 60% por debajo de la línea de indigencia. Hay 6.000.000 de desocupados y un alto porcentaje de adultos mayores de 60 años que no podrán jubilarse pues no contarán con los 30 años de aportes que requiere la ley actual.
Se pregunta si esto se puede cambiar , si se puede modificar. Se dice que todavía estamos en la etapa de la resistencia y debemos pasar a la etapa ofensiva. El gobierno muestra algunas contradicciones y ésta es una pelea y debemos insertarnos en ella.

Los ejes reconocidos como prioridades hoy en la Argentina son: la desocupación, la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza. De ahí que debamos conciliar con el pueblo en la calle la resolución de estos problemas.
Una mirada sobre uno de los roles de los jubilados la dio el Parlamento de la Tercera Edad cuando afirmó que fueron ellos quienes tuvieron que hacerse cargo del desmoronamiento del país al tener que sostener a sus hijos y nietos ante la fractura de sus propias familias.

Se dijo que si bien la protesta en las calles logró que no los atropellen, aun falta desterrar el miedo y las situaciones de abuso para recuperar la dignidad. Y que cuando se habla de respetar los derechos de la tercera edad se está incluyendo los derechos de los hijos y nietos.

En términos generales se habló de dejar lo individual para volver a la solidaridad y así arribar en forma conjunta a participar junto a todos los sectores en la resolución y cumplimiento de los preceptos básicos de la Seguridad Social.