UNA
FUERZA DE CHOQUE CON VIA LIBRE
Lanzan un petitorio para disolver la Unidad
de Control del Espacio Público
El modelo de seguridad que ofrece el actual Gobierno de la Ciudad
con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio
de los derechos de los sectores de la población más
vulnerables. Por tal motivo se solicitará la disolución
de dicho organismo y la investigación de los hechos cometidos.
El 21 de octubre de 2008, por intermedio del Decreto Nº
1232/08 se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad
de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría
de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad. De esta forma, se le
dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan
clandestinamente.
Acentuando su actuación durante noviembre y diciembre
de 2008, se tornó mucho más visible el accionar
de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad que actúan
en horas de la noche, realizando desalojos violentos, con amenazas
y golpes, a personas en situación de calle que duermen
en distintos espacios de la ciudad.
En sus procedimientos, los miembros de la UCEP, además
de agredir fisicamente a las personas, secuestran sus pertenencias
y, en algunos casos las arrojan en un camión colector de
basura que también forma parte de estas operatorias ilegales.
Muchos de estos camiones (algunos sin patente que los identifique)
pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por
el GCBA, como PANIZZA S. A.
Además, está acreditado por diversos testimonios
que la UCEP participó en otros operativos como el desalojo
del inmueble en Av. Paseo Colón 1588 (27/02/2009), el desalojo
de la Huerta Orgazmica en Caballito (18/05/2009),o el desalojo
de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur (16/09/2009).
A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas
por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires.
Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran
en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter
y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones,
amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
La ilegalidad que reviste la UCEP surge de las conductas de los
agentes involucrados y también de la ambigüedad normativa
que facilita esas conductas. El decreto que creó su estructura,
aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En
efecto, los objetivos mencionados en el decreto son agraviantes
para un estado de derecho en tanto promueve facultades que no
son propias de un organismo de estas características.
La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho
administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia
para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo
cual en la práctica significa directamente la utilización
de amenazas y la fuerza física.
Es importante destacar que dormir en la calle no constituye ningún
delito, ni contravención. Es decir, esa acción no
puede ser perseguida penalmente ni sancionada.
Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social
no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación
del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente,
proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan
resolver su situación de vulnerabilidad.
La forma que eligieron en el Gobierno de la Ciudad de intervenir
sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos
humanos, con proyección de responsabilidad internacional.
El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos
prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos
para actuar en esta dirección, que no son dispositivos
como la UCEP.
Existe la decisión política de despejar de pobres
el espacio público y que esa decisión se sostenga
aún con el costo violar los derechos humanos, causando
un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para
la Ciudad de Buenos Aires.
El modelo de seguridad que ofrece el actual Gobierno de la Ciudad
con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio
de los derechos de los sectores de la población más
vulnerables.
fuente: www.observatorioddhh.org.ar
Para firmar el petitorio, escribir a : observatorio@observatorioddhh.org.ar
