RECLAMAN AL CONGRESO LA REFORMA DEL ACTUAL RÉGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD

Radiografía del encierro adolescente en todo el país


En el país unos 6.300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos.

Sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años. De los datos disponibles, se sabe que casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas. La información surge de un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal, que realizaron en forma conjunta el Gobierno, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.

“En algunas provincias la respuesta es el encierro o nada. También son encerrados chicos en situación de calle, aunque estar en la calle no es un delito. Es una grave vulneración de derechos”, alertó el subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. El funcionario reclamó al Congreso la reforma del actual Régimen Penal de la Minoridad, vigente por un decreto de la última dictadura militar, y la adecuación de las legislaciones procesales y la organización de la Justicia en cada provincia.

Las principales conclusiones son las siguientes:

- Se revelaron 6.299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito.
- Hay 1.529 adolescentes privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controla.
- Unos 270 permanecen internados en establecimientos con régimen semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.
- El resto de los adolescentes, unos 4495 presuntos infractores (71 por ciento del total) están bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero la mayoría de esos programas “no están especializados” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, señaló Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef. Sólo se encontraron en nueve provincias programas similares a la modalidad de libertad asistida, una alternativa al encierro sugerida desde el organismo internacional y contemplada en varios de los proyectos legislativos de responsabilidad penal juvenil presentados en el Congreso.

Río Negro. Los jóvenes menores de 18 años tendrán mayor protección en caso de ser detenidas, con la adhesión de la provincia de Río Negro a los nuevos estándares de procedimiento y actuación que deberá adoptar la Policía provincial, de acuerdo a las pautas establecidas en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior. El ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, instruyó al titular de Seguridad, Marcial Peralta, sobre las nuevas pautas, que establecen, entre otros aspectos, que ante una detención de un adolescente se dará aviso inmediato a sus padres, familiares o representantes legales, a los magistrados actuantes y a la Delegación Promoción Familiar - Programa Jóvenes en Conflicto con la Ley. El joven detenido tendrá derecho a comunicarse en forma libre y privada y sólo podrá permanecer el tiempo estrictamente indispensable en dependencias de las fuerzas de seguridad.