NOTA DE OPINIÓN

Consideraciones sobre el “Programa Compromiso Buenos Aires 2020”

El 11 de diciembre de 2009 en el salón San Martín, de la legislatura porteña, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que “la participación es una parte fundamental de la democracia”, en el marco del cierre del “Programa Compromiso Buenos Aires 2020” que se realizó en la Legislatura Porteña.




Por el Ingeniero Osvaldo Buscaya*


Esta “división” entre participación y democracia, presume, desconceptualizar lo esencial de la democracia participativa, al afianzar el criterio de asimilar la democracia como la “representación” y a la “participación”, como un mero apéndice subordinado y concedido por el poder de los “representantes”.

El Secretario General del Ejecutivo porteño, manifestó: “Queremos darle al CoPE el lugar que se merece, y queremos que el entramado social de la ciudad también tome en serio, con responsabilidad y compromiso, esta instancia constitucional de la democracia participativa”.
Ésta manifestación del Secretario General parecería obviar que él CoPE, precisamente, posee su lugar, al ser un mandato constitucional, siendo el Programa Compromiso Buenos Aires 2020, en éste caso, el producto de una gestión gubernamental circunstancial.

La constitución porteña contiene las herramientas institucionales y jurídicas cuyo objetivo es la inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y el control de las políticas públicas, más allá, como en éste caso, de una gestión gubernamental circunstancial. Lo único que parecería claro a la Corporación Política en el Poder Publico es que con la expresión participación ciudadana se está haciendo referencia a alguna especie de relación difusa entre Estado y sociedad civil (1). De aquí resulta que se plantea para la práctica la exigencia de que se incentive, impulse y desarrolle la participación ciudadana.

Independientemente de problemas terminológicos la participación, para la Corporación Política en el Poder Público, es considerada como aquella que, sólo subordinada, se relaciona con un poder público que se arroga la representación del Estado (2). Sin embargo, la relatividad de esta significación de participación política se plantea en cuanto se sale de la reducida esfera del sistema político partidario, puesto que nada determina que la participación política sólo se pueda ejercer a través del sistema de partidos, ni nada impide que a través de los partidos políticos se realice una participación que no sea estrictamente política. De modo que el órgano a través del cual se realice la participación no determina necesariamente el tipo de participación de que se trata.

La participación ciudadana es generalmente entendida como una participación en actividades públicas. No tendría utilidad extender el alcance de la participación ciudadana a otras formas de participación social, como las de carácter comunitario, el asociacionismo privado y otras que se desarrollen en función de variados intereses o valores circunscritos a la esfera privada y sin pretender relaciones activas con el poder público. La participación social corresponde a intereses privados (aunque sean colectivos) de la sociedad civil y reconoce intereses públicos, políticos, ante los que apela pidiendo el reconocimiento del carácter público que tiene su interés privado; pero ese interés privado no se transforma en público, sino que se puede hacer pública la consideración de ese interés. El problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de tornarlos efectivos, lo cual no resultará posible si las ciudadanas y los ciudadanos no logran ejercerlos en forma plena. Los derechos además de tener un valor intrínseco, poseen un valor instrumental, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa en relación a la participación ciudadana. Los derechos son también, aunque no sólo eso, garantías para el bienestar. La participación, en tanto derecho, a de ser una garantía de bienestar.

Esta condición nos sugiere inmediatamente otro elemento adicional para hacerla realidad, que está enmarcado en la relevancia de un término muy usado en la participación ciudadana: “tomar parte”. Es relevante la idea de “tomar parte”. Apunta más allá de los actos eleccionarios a una noción más expansiva, que incluye una sociedad civil fuerte, capaz de influir significativamente en la política pública. Esta expresión indica el carácter programático de la participación. Participación es descentralizar.
La gestión pública debe ser pensada para la ciudadanía, prevaleciendo la calidad y la eficiencia

Los lineamientos institucionales presentan una dinámica, actualmente, que sería extraña a la “representación”, representando aquello mismo de lo que la “representación” se guarda, consiste en guardarse, manteniendo con ello una relación sin relación de exclusión que significa a la vez la necesidad de lo institucional. Y es en el interior de la “misma” palabra –institucional—donde la traducción debería encontrar su lugar, entre el concepto de democracia participativa en su determinación dominante, legítima, concorde con el consenso elemental de la tradición republicana y aquel que se anuncia con la Constitución porteña. Debemos indicar, también, un aspecto restrictivo en el Espacio de Trabajo toda vez que la participación en el mismo, no debería estar condicionada a las organizaciones sino como un espacio abierto para la propuesta de ideas-proyecto para el Plan Estratégico, a toda la ciudadanía y así lo social adquiere importancia en el Plan Estratégico al introducir los conceptos de desarrollo sustentable y equitativo. Nuestro interés por lo social permite, además, no reducir un plan estratégico a resolver aspectos de índole económica y en éste sentido obtenemos una visión más amplia, con la tendencia hacia una ciudad digna de ser vivida, porque todos los ciudadanos tienen derecho a que así sea. Vivimos una concepción del mundo, que está consolidando modelos abiertos de interacción entre los sujetos y las organizaciones; formas de convivencia que nos permita ser coprotagonistas gracias al encuentro y la diferencia abandonado la coordinación vertical por la horizontalidad.

Toda coordinación ciudadana requiere de la intervención del Estado atento sus recursos jurídicos intransferibles, económicos e información, en la interacción de sociedad y Estado, que requiere una ciudadanía fuerte y un redimensionamiento estatal, porque las acciones estatales no deberían estar desvinculadas de la participación. Esta interacción de la gestión gubernamental y la ciudadanía es imprescindible en los procesos estratégicos si reconocemos que la viabilidad de este conjunto de estrategias se podría lograr si se alteran ciertas tendencias arraigadas en la ciudad, principalmente una de ellas, en el modo de pensar las acciones e intervenciones urbanas, descargando toda las responsabilidad, de las transformaciones locales, en el gobierno. Tomando la perspectiva indicada en la

Dimensiones se apunta a garantizar el lugar de las relaciones cotidianas, siendo la mutua transversalidad lo esencial de no encerrarse en sí mismas para promover el crecimiento de la Ciudad, imaginando su futuro; mejoras de infraestructura y medio ambiente, seguridad, acceso al espacio público, excelencia en la salud pública y educación como real elemento estratégico y lo esencial: que la gestión pública debe ser pensada para la ciudadanía (3), prevaleciendo la calidad y la eficiencia. En síntesis, promover una activa y dinámica participación ciudadana en la propia planificación estratégica, garantizando lo social desalentando la exclusión de todo tipo y orden en un espacio de acción colectiva.

La revitalización del CoPE es la revitalización de lo ciudadano y lo político, evitando el deterioro en que el espacio del Plan Estratégico se deslizaba y tendía a vaciarse de contenido, pensando a todas las ciudadanas y ciudadanos en los proyectos; favoreciendo a que la vecina y el vecino tomen activa parte como esencial aporte: de los reales y concretos protagonistas de la CABA.

*Presidente Unidos por el Barrio San José de Flores
Asociación Civil
Asociados a FECOBA