NOTA DE OPINIÓN

El código de Macri

A las innumerables críticas ya vertidas sobre el intento de reforma del Código Contravencional que impulsa el Gobierno porteño, se sumaron ayer las opiniones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Observatorio de Derechos Humanos que calificaron al proyecto como inconstitucional.

Por Analia Rodriguez- Red Eco

El proyecto del PRO que lleva las firmas de Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, plantea modificaciones a seis artículos del Código vigente. Entre ellas penaliza a los "trapitos" y a los limpiavidrios en las calles porteñas, a quienes porten capuchas y palos en las manifestaciones y a quienes "intimiden a otra persona" o manifiesten actitud de “merodeo” o "ensucien bienes con pintadas o graffitis". Estas contravenciones podrían derivar hasta en 40 días de arresto y 6000 pesos de multa si se toman en cuenta los agravantes.
A su vez, contempla la creación de un sistema de denuncias telefónico con los números 147 o 0800-333-Fiscal.

El Observatorio de Derechos Humanos, ONG, que durante el año pasado realizó denuncias por el accionar de la Unidad de Control del Espacio Público contra personas en situación de calle y durante desalojos, declaró en un documento que la modificación del Código es “violatoria de los derechos a la igualdad y libertad, ineficaz para resolver los problemas de seguridad en la ciudad, por estar sustentada en reclamos infundados y por desviar la verdadera atención que merece hoy la política de seguridad en la ciudad: la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana”.

En su intento de defender el proyecto Macri manifestó: "Tengo un compromiso con la primera demanda de la gente, acá y en todo el país, que es el de intentar recuperar la seguridad, ya que la gente quiere sentirse tranquila en su casa y en el espacio público", según lo publicado por un diario de tirada nacional. A afirmaciones como estas es que el Observatorio de Derechos Humanos responde en su documento: “"el proyecto no se ocupa de establecer medidas preventivas para, por ejemplo, los delitos de robos, o hurtos, que los porteños sufren diariamente, incluso a metros de las Comisarías de la Policía Federal y además ni siquiera se fundamenta en estadísticas que demuestren que los cuidacoches, limpiavidrios o los manifestantes con palos son aquellos que luego cometen delitos".

Pero en este marco cabe agregar que lo que se pretende es dar más herramientas a las fuerzas policiales, legalizando más detenciones arbitrarias en la ciudad, que se sumarán a las que se producen por averiguación de antecedentes y las faltas que ya existen en el código contravencional.

En este sentido un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires revela que durante los dos últimos años se incrementaron las denuncias por abusos policiales. En veinte casos que analizó el organismo se constataron -entre otras irregularidades pasibles de sanción penal- el uso desmesurado de la fuerza, la utilización de armas de fuego en situaciones que no lo requerían, la recurrencia de comportamientos discriminatorios y el ocultamiento o la modificación de hechos con el propósito de inculpar a quienes fueron víctimas o exculpar a los uniformados.

El Informe Especial sobre la Violencia Policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta que en todos los casos se advierte que el uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; que mayoritariamente se aplicó contra personas y sectores sociales vulnerables; que no se respetaron los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y que constituyeron o constituirían delitos dignos de ser investigados por el fuero penal.

Pero para completar el círculo de impunidad que mantiene vigente este accionar violento de la fuerza policial, y sin haber hecho un análisis exhaustivo, el Informe también contempla la actuación de las fiscalías intervinientes, a quienes se acusa de no profundizar en las investigaciones y de deficiencias en el impulso de las causas y los controles de legalidad. Por ejemplo, se denuncia que las causas iniciadas por violentos procedimientos policiales desarrollados en el marco de desalojos, se encuentran archivadas, o bien paralizadas, como así también que en ninguna de ellas se haya citado a indagatoria a efectivos policiales.

A su vez el Informe expone que, en muchos casos, el impulso de las causas depende de la presentación de los familiares como querellantes pero no siempre se les da lugar para ello.

En conclusión, cuando se considera, como el Jefe de Gobierno que la “batalla hasta el final” contra los trapitos se inicia arrestando o multando a quienes realizan dicha actividad sin tener en cuenta las mafias que hay por detrás de estas personas, se utiliza la lógica por la cual para terminar con el hambre la solución es asesinar a los hambrientos.

Fuentes: Defensoría del Pueblo - Observatorio de Derechos Humanos – Correpi