Portal de Parque Chas: "estamos haciendo historia"
Buenos Aires, Argentina /
Fecha de Publicación:12/02/09  

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VILLA URQUIZA


¿Qué está pasando en la ex Autopista 3?

La conflictiva y controvertida historia de la ex AU3 ha iniciado un nuevo capítulo: el de la administración Macri. Su impronta está dada por el otorgamiento de un subsidio a los ocupantes para lograr el desalojo de las viviendas. Ya se ha logrado por este medio el desalojo y demolición de varios de los inmuebles de la traza.



por Asociación de Vecinos de Luis María Drago


El problema de este subsidio, tal como lo explicara el propio titular de la Unidad Ejecutora, el Sr. Regazoni, en una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, es que al no ser préstamos, no deben ser devueltos por aquellos que los acepten y por lo tanto, deben ser cubiertos por fuera de las asignaciones presupuestarias. Por lo tanto, dichos subsidios están siendo entregados a cuenta de la venta de los terrenos. Pero ocurre que en ninguna instancia legislativa se ha aprobado la venta de dichos terrenos. Si lo relacionamos con el no explicito proyecto de emprendimientos inmobiliarios en la zona, la sospecha se hace más nítida. Decimos no explícito porque no ha sido posible hasta el momento obtener información sobre las ideas o proyectos de las actuales autoridades sobre el futuro destino del área en cuestión una vez que fuera liberada.

En realidad este procedimiento del subsidio implica el incumplimiento o burla de la Ley 324. Esa ley efectivamente está orientada a solucionar el problema habitacional de los vecinos que habitan sobre la traza mediante el cumplimiento de diversas alternativas opcionales para satisfacer las necesidades de vivienda, entre las cuales se ofrecían la entrega de unidades llave en mano mediante planes del Instituto de Vivienda de la Ciudad o la financiación, también por esta vía, de emprendimientos de autoconstrucción. El subsidio actual es un procedimiento irregular, no previsto por la ley y que en todo caso puede ser aceptado o no por sus beneficiarios. El que incurre en el incumplimiento de los procedimientos legales es el Gobierno de la Ciudad, y los beneficiarios que lo rechazan, están en su derecho.

Para la Asociación de Vecinos de Luis M. Drago, que interviene sobre la problemática de la ex AU3 desde hace siete años, un problema convergente con aquel es el de la grave situación del tránsito pasante sobre la calle Acha, el que se fue acentuando a partir de la apertura de la Avenida Parque (hoy Goyeneche) en el año 1997, lo que incentivó la llegada de vehículos con origen en la Panamericana, para terminar en el embudo de la barrera de doble mano –en Acha y el F. C. Mitre, ramal a José L. Suárez.

Nuestra Asociación se opone a la venta de los terrenos una vez que sean recuperados porque considera que deben ser utilizados para el trazado de una avenida semaforizada de doble mano que continúe la actual Avenida Parque o Goyeneche, con las mismas características que entre Congreso y la Gral. Paz, es decir con la mayor cantidad de espacios verdes públicos que sea posible. Esto es por la enorme necesidad de los mismos en la ciudad de Buenos Aires y para minimizar el sonido que el tránsito vehicular provocará. La conflictiva situación vial de Acha y de Galván serían solucionadas al menos parcialmente por este proyecto, que como tal, debe contar con partidas presupuestarias de Desarrollos Viales. Decimos esto porque afirmamos que no es necesario vender terrenos para financiar viviendas u obras viales, en las condiciones presupuestarias actuales del Gobierno de la Ciudad, tal como predican algunos voceros interesados.

Resumiendo, la opinión de nuestra Asociación sobre cómo resolver la situación del área de la traza de la ex AU3 se sintetiza en tres puntos:

1. Cumplir con la Ley 324, para resolver realmente el problema habitacional de los vecinos que ocupan viviendas sobre la traza. La prioridad pasa por dar satisfacción al problema social de las familias que por necesidad viven en condiciones de precariedad habitacional. El Gobierno de la Ciudad debe dar solución al tema –a lo que está comprometido por ley- con planes de vivienda propios o a través de hacer efectivos los subsidios a las cooperativas de autoconstrucción como estaba pactado.

2. Destinar los terrenos expropiados a áreas verdes públicas parquizadas dada la creciente necesidad de espacios verdes en una ciudad donde se construye indiscriminadamente. La situación actual de las finanzas públicas –pese a lo que afirma el actual Gobierno de la Ciudad- no hacen necesaria la venta de esos terrenos para financiar los gastos de viviendas para reubicar a los ocupantes u obras viales a realizar en el área. La venta de los terrenos es sólo un negocio para las empresas de la construcción ya que el estado normalmente se desprende de sus activos favoreciendo a los compradores.

3. Solucionar el grave problema vial de la zona, concentrado en la calle Acha y extendido también a Galván. En el primer caso una calle angosta que se hace doble mano una cuadra para soportar el cruce ferroviario en los dos sentidos y con un trayecto laberíntico del lado norte, resulta en un congestionamiento creciente, ya casi constante, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los vecinos del área. Galván, otra calle angosta, que soporta el tránsito saliente hacia la Av. General Paz a altas velocidades. La continuación de la Avenida Parque hasta su intersección con la Av. De Los Incas con un viaducto bajo la estación L. M. Drago, con las mismas características que el tramo ya realizado, constituye la única respuesta seria a dicho problema.



DESALOJOS

El Gobierno de la Ciudad ya inició acciones de desalojo de las familias que están viviendo desde hace varios años en las propiedades expropiadas de la traza de la ex autopista 3.
Una vez liberadas las casas, las demuelen para que no vuelvan a ser ocupadas y una vez liberados los terrenos llamarán a licitación para construir edificios.

Desde la gestión PRO asegurán que no se está desalojando por la fuerza.
A través de la ley 324 sancionada en 1999, la gente está recibiendo subsidios en el ministerio de Desarrollo Urbano porteño.

Según la normativa, los hay de dos tipos o categorías debido a un censo que se realizó antes de la sanción de la ley: Los "beneficiarios" reciben entre $ 75.000 y $ 96.000 por grupo familiar, y los "no beneficiarios" entre $ 6.000 y $ 25.000. Para estos subsidios, la Ciudad tiene un presupuesto tope de 12 millones de pesos.

 





 


 








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