BALANCE 2007

Siguen aumentando las consultas en la Defensoría del Pueblo Porteña

El año pasado el organismo recibió 96.194 consultas, un 4,8 % más que en 2006. A la cabeza del ranking de quejas se ubican las demandas de jubilados y pensionados, los reclamos contra el sistema de salud y los conflictos entre usuarios y empresas de telefonía fija.

A la cabeza de las denuncias, con un 13,1 por ciento del total, se ubican aquellas realacionadas con el deficiente funcionamiento del sistema previsional. De ese porcentaje, el 80,1% corresponde a quejas contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) por dificultades en la tramitación de jubilaciones y pensiones, seguidas por las demandas referidas a ajustes y actualizaciones de haberes jubilatorios, con el 19,9%.

Al respecto, a comienzos de 2008 la doctora Pierini y el jefe del área de la Tercera Edad, Eugenio Semino, hicieron entrega al director del ANSES, Claudio Moroni, de una presentación colectiva de más de diez mil jubilados en la cual éstos solicitan que se proceda a reajustar sus haberes provisionales de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de noviembre de 2007 en el denominado caso Badaro. El referido fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2 de la ley de Solidaridad Provisional y determinó el ajuste de la prestación del actor a partir del 1 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, en un 88,6 por ciento.

Con el 8,8%, en la segunda posición se sitúan las denuncias vinculadas con el sistema de salud.
La quejas se desglosan de la siguiente forma: Un 13,5% se relaciona con incumplimiento de prestaciones médicas por parte de obras sociales, seguidas por las quejas contra por diversas irregularidades ocurridas en geriátricos dependientes del Gobierno de la Ciudad, con el 8,4% y las denuncias por demoras para obtener turnos de internación y cirugía, con el 7,8 %.

El tercer lugar del ranking de quejas es para los conflictos entre los usuarios y las concesionarias privadas responsables del servicio telefónico con el 8,4 por ciento. Telefónica de Argentina es la empresa más, objetada por las excesivas demoras en la reparación de líneas averiadas, los procesos de facturación empleados -poco transparentes y de difícil comprensión- y la sobrefacturación.

En gran parte de los casos denunciados se advirtió un alto nivel de disconformidad con la atención dispensada por los operadores del servicio 112 o 114 y la ausencia de oficinas comerciales que satisfagan las demandas de los clientes en forma personalizada. Asimismo, el desempeño de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fue blanco de muchas quejas: la tramitación de los reclamos en ese organismo de contralor experimentó excesivos retrasos y, por ende, los usuarios no obtuvieron una respuesta rápida, eficaz y adecuada.

Otra cuestión que generó gran cantidad de reclamos fue la constante negativa de los servicios técnicos de Telefónica a instalar, reparar o rehabilitar líneas telefónicas por razones de inseguridad en lugares o barrios que esa compañía cataloga como “zonas de riesgo o emergencia”. Por eso, la Defensoría del Pueblo recomendó a su presidente que asegure la realización de esas obras y la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de la prestación del servicio, y pidió la intervención del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo a fin de que establezca la existencia de posibles actos discriminatorios contra los habitantes de las áreas afectadas.

La Defensora del Pueblo señaló que el organismo que preside "se ha consolidado como una institución de garantía de los derechos, ejerciendo el control de vigencia de cada uno de ellos, y proponiendo en cada caso el paso superador que se estime y fundamente. El sostenido incremento de la cantidad de consultas formuladas señala con claridad la necesidad de los habitantes de la ciudad de reclamar por la vigencia de sus derechos y garantías y reconocer en la Defensoría del Pueblo un interlocutor válido para canalizar sus demandas”, aseguró la titular de la institución, Alicia Pierini.