INFORME
En 2008 crecieron las denuncias realizadas
en la Defensoría del Pueblo porteña
El organismo recibió 106.978 consultas, un 11,2 % más
que en 2007. Las demandas contra el sistema de salud, los reclamos
de jubilados y pensionados y los conflictos padecidos por quienes
viven en emergencia social y habitacional se ubicaron a la cabeza
de las denuncias.
Las denuncias vinculadas con el deficiente funcionamiento del
sistema de salud encabezan el ranking de demandas de 2008, con
el 9,5 por ciento del total de reclamos. De ese porcentaje, el
21,4 % se relaciona con el incumplimiento de diversas prestaciones
médicas por parte de las obras sociales, seguidos por las
quejas contra las empresas de medicina prepaga, con el 15,5% y
las denuncias por demoras y dificultades para obtener medicamentos,
con el 6,8 %.
“Por tercer año consecutivo, la demora en los turnos
para cirugías ha sido el reclamo más frecuente presentado
por los usuarios”, aseguró la Defensora del Pueblo,
Alicia Pierini. “A las históricas dificultades derivadas
de la falta de quirófanos, la insuficiente cantidad de
camas de alta complejidad (terapia intensiva, unidad coronaria),
el escaso personal de enfermería especializado, las dificultades
y demoras en la tramitación de ayudas médicas para
la obtención de insumos o prótesis quirúrgicas;
durante 2008 se agregaron los obstáculos relativos a la
crónica falta de insumos hospitalarios básicos y
material quirúrgico. Esta situación agravó
a tal punto la problemática que servicios de cirugía
de distintos nosocomios se vieron obligados a interrumpir su tarea
habitual. Tal fue el caso de los hospitales Cosme Argerich y Ramos
Mejía, que representaron los efectores con mayor cantidad
de reclamos. Sin embargo, la problemática del desabastecimiento
de insumos y la consecuente suspensión de cirugías
afectó a todos los hospitales, tanto a los generales de
agudos, como los especializados y de niños”.
Con el 8,3%, en la segunda posición de la lista de las
problemáticas más denunciadas se sitúan aquellas
vinculadas con el deficiente funcionamiento del sistema previsional.
De ese porcentaje, el 81,8% corresponde a quejas contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por dificultades
en la tramitación de jubilaciones y pensiones, seguidas
por las demandas referidas a subsidios, con el 5,2 % y, nuevamente,
los reclamos contra el ANSES por deficiencias en la obtención
de reajustes, descuentos y suplementos, con el 2,8%.
“Durante 2008, dos temas fueron claves para el sistema
previsional”, destacó Eugenio Semino, responsable
del área de Derechos de la Tercera Edad de la Defensoría.
“Por un lado, la cuestión de la movilidad de los
haberes, que desde noviembre de 2007 hasta hoy sigue siendo un
eje de debate y acción por parte del área y de la
población afectada. En segundo término, la reciente
sanción de la ley que termina con el sistema de jubilación
privada, poniendo fin a las AFJP. Se trata de ejes de peso para
una población que paulatinamente ha sufrido un gravísimo
deterioro en su situación integral y que aún no
ha logrado la recuperación de sus haberes. Es en este marco
que se plantean requerimientos respecto de problemas específicos
y acuciantes que afectan a los adultos mayores, en especial, a
sus capas mas desfavorecidas en lo económico y social.
La importancia que han adquirido los temas vinculados con las
carencias del sistema de salud y la desprotección en que
se encuentran algunos sectores empobrecidos, se ha expresado en
el incremento de las actuaciones que el área debió
tramitar durante este año (en especial ante el PAMI y ante
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)”.
Al respecto, a comienzos de 2008 la doctora Pierini y Semino
hicieron entrega al director del ANSES, Claudio Moroni, de una
presentación colectiva de más de veinte mil jubilados
en la cual éstos solicitaban que se proceda a reajustar
sus haberes provisionales de acuerdo con lo resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el 26 de noviembre de 2007
en el denominado caso Badaro. Ese fallo había declarado
la inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2 de la
ley de Solidaridad Provisional, y determinado el ajuste de la
prestación del actor -a partir del 1 de enero de 2002 y
hasta el 31 de diciembre de 2006- en un 88,6 por ciento. Luego
de unos meses y ante el rechazo por parte de la ANSES, el pasado
25 de julio se realizó una presentación ante la
Justicia, cuyo pronunciamiento aún se aguarda.
Los 10 temas más denunciados de 2008
Salud: 9,5
Jubilaciones y pensiones: 8,3
Emergencia social : 7,6
Vivienda: 7,2
Pami :7,1
Espacios verdes y arbolado: 6,2
Comunicaciones :5,5
Problemas entre particulares: 5,1
Educación: 4,4
Vía pública: 4,0
Los reclamos originados por los conflictos padecidos por quienes
viven en emergencia social ocupan el tercer lugar del ranking
de quejas, con el 7,6 por ciento, respectivamente. De ese porcentaje,
el 34,1 corresponde a problemas en la obtención del subsidio
habitacional previsto por el decreto 690, el 18,9 a dificultades
con créditos hipotecarios y 16, 9 a inconvenientes con
la ayuda alimentaria. “La persistencia en la urbe de vastos
sectores de la población por debajo de la línea
de pobreza y de indigencia1 y la existencia de una profunda polarización
y segregación territorial con fuertes contrastes entre
el norte y el sur exige una revisión de las políticas
implementadas, a fin de desarrollar modelos de intervención
que ubiquen en el centro de la agenda política la cuestión
de la equidad y la inclusión social”, recalcó
Pierini. Uno de los desafíos pendientes en materia de políticas
sociales, en la jurisdicción, es el de cambiar su actual
estructura sustentada en un dispositivo de programas sectoriales
y focalizados que atienden la emergencia –social, alimentaria,
habitacional- por políticas universales con un enfoque
de derecho que aporten a reducir las desigualdades existentes”.
En el último lustro las denuncias efectuadas en la Defensoría
Porteña se incrementaron en un 118 %.
