A
32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976
Presentaron un proyecto de ley para protección
de testigos
El diputado porteño Raúl Fernández presentó
un proyecto para regular la asistencia y contención de los
querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado
en las causas judiciales o investigaciones de delitos resultantes
de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como
así también a su grupo familiar.
Se cumple un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976 y, en
este sentido, el diputado porteño Raúl Fernández
(Encuentro Progresista) presentó un proyecto por el cual
regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos
víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales
o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión
de crímenes de lesa humanidad, como así también
a su grupo familiar.
En los fundamentos del proyecto, Fernández explica que
“esta iniciativa encuentra como antecedente una herramienta
implementada por el Gobierno de la Ciudad a través de la
Subsecretaría de Derechos Humanos que, con el objeto de
coadyuvar en la búsqueda de Justicia y promover la memoria
histórica y ante el inminente inicio de diversos procesos
de enjuiciamiento de represores integrantes de Grupos de Tareas
que funcionaban en la Escuela de Mecánica de la Armada,
dictó la Resolución Nº 337-SSDH-07”.
A lo que agrega: “Por su intermedio se creó un dispositivo
a través del cual se conformó un Equipo Técnico-profesional
que sirve de apoyo y presta colaboración para garantizar
la contención de los testigos, víctimas y abogados
que intervienen en las causas judiciales o investigaciones relativas
a los delitos de lesa humanidad, así como a sus grupos
familiares”.
Asimismo, el diputado destaca “la opinión favorable
que, respecto del instrumento creado y del desempeño de
los trabajadores del mismo, manifestaron diversos representantes
de organizaciones defensoras de los derechos humanos y testigos
mediante nota de fecha 22 de noviembre del 2007”.
Por otra parte, Fernández señala: “Es dable
recordar que la desaparición de Jorge Julio López,
acaecida en el año 2006, como así también
las acciones de amedrentamiento a quienes debían testificar
en diversos procesos de enjuiciamiento, han favorecido la reproducción
de expresiones de temor por parte de algunos testigos, quienes,
por lo demás, son convocados a declarar décadas
más tarde de la ocurrencia del proceso represivo y, por
otra parte, se ven compelidos a hacerlo en numerosas oportunidades,
dada la modalidad fragmentada que ha asumido la tramitación
de las causas judiciales vinculadas al terrorismo de estado”.
En el proyecto y, según sostiene el diputado de Encuentro
Progresista a los fines de evitar la revictimización subjetiva
de los testigos, las disposiciones propuestas contemplan el establecimiento
de diversos niveles de intervención. En primer término,
se busca el acompañamiento y contención de los testimoniantes
en el transcurso de las audiencias, de modo tal de “habilitar
un espacio de confiabilidad para que el testigo, a través
de su testimonio, produzca un acto político en relación
a la memoria, la verdad y la justicia”.
Por otra parte, se prevé una segunda instancia constituida
por el recurso a los efectores de salud, para aquellos casos que
fuere pertinente su intervención, situación que
no fue contemplada por la resolución de la Subsecretaría
de Derechos Humanos. “De esta forma se busca ampliar los
alcances de la herramienta que sirvió como antecedente
para la presente propuesta”, afirmó Fernández.
Fuente: www.adnciudad.com
