RECHAZAN LA LEY RÉGIMEN DE CONCERTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL

"Los músicos salimos en defensa de nuestros derechos, por un circuito estatal de música en vivo"

A través de LuchArte, los músicos que se vieron afectados por la inhabilitación de locales para tocar música en vivo después de los sucedido en el boliche Beara, emitieron un comunicado en el cual anuncian su estado de moviliazción por la reglamentación de una normativa que los perjudica.



Luego del derrumbe del boliche Beara el gobierno de Macri dispuso la inhabilitación de numerosos lugares de música en vivo. Los músicos inmediatamente nos hemos movilizado por nuestros derechos, sin embargo, frente a la legítima preocupación por nuestra fuente de trabajo se nos propone como solución “mágica” la reglamentación y puesta en marcha de la Ley conocida como Régimen de Concertación para la Actividad Musical, que otorga fundamentalmente exenciones impositivas, créditos y subsidios para los locales de música de hasta 300 espectadores.

La ley, que aguarda su reglamentación, impulsada inicialmente por los propios empresarios (CAMUVI, Cámara de Música en Vivo) y presentada por los legisladores De Filippo y la peronista Urdapilleta, finalmente fue aprobada por la legislatura porteña.

La reciente propuesta del ministro de Cultura porteño que el 90% del dinero presupuestado sea destinado a dueños de locales y solo el 10% a los músicos, refleja que la ley ha sido diseñada para beneficio de los empresarios. A tal punto que no contempla ninguno de derechos laborales y ni siquiera obliga, al menos, a los dueños de los locales “subsidiados” a nuestra contratación en blanco.

Mientras piden nuestro apoyo se esfuerzan por convencernos de algo que escuchamos constantemente en boca de Moyano y el gobierno: “si a los empresarios les va bien, a los trabajadores también”.
No podemos ligar nuestros derechos laborales y artísticos al negocio de la cultura y beneficio de los empresarios culturales.

La gran concurrencia a las manifestaciones son un primer paso para debatir y encarar la realidad que afrontamos los músicos: la precariedad laboral que venimos sufriendo en manos de las empresas del espectáculo, tanto para actuar en vivo o para grabar, contratos o simplemente “acuerdos verbales” sin jubilación ni previsión social, sin asumir el empresario las responsabilidades civiles y penales y, en muchos casos, teniendo que pagar los músicos para tocar.

La política estatal en cultura (tanto municipal como nacional) se ha caracterizado por el beneficiar el negocio privado vaciando los espacios públicos. El deterioro estructural de las escuelas artísticas y degradación de sus títulos son complemento de leyes de privatización de la cultura como la Autarquía del Teatro Colón y Mecenazgo, que han sido votadas por los bloques mayoritarios de la legislatura.

Lo que realmente ayudaría al desarrollo de nuestra actividad no es el fomento de espacios privados sino la puesta en marcha de un circuito estatal con espacios de música en vivo, festivales y recitales en Centros culturales, clubes y demás espacios estatales, bajo control de los músicos y trabajadores de la cultura.

Para defender nuestros derechos nuestro accionar debe ser independientes del estado (sea municipal o nacional) y los empresarios de la cultura.

• Por un circuito estatal de música en vivo bajo control de los músicos y trabajadores de la cultura.
• Que el estado construya y financie espacios culturales públicos para la música en vivo.
• Por trabajo en blanco para los músicos en el ámbito privado y estatal
• Aumento de presupuesto para la cultura e instituciones de enseñanza artística.
• Obligación para los empresarios “subsidiados” por el estado de contratación en blanco y según convenio.

Abajo el decreto 601, que pide certificado de antecedentes policiales a los artistas contratados por Secretaría de Cultura de la Nación.

Por el libre acceso y disfrute de los trabajadores al arte y la cultura.