PIDEN QUE SE CONCRETEN A LA BREVEDAD POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS

Un informe revela serias deficiencias del transporte público automotor


La investigación la realizó la Defensoría del Pueblo porteña e insta a las administraciones de la ciudad y de los municipios a estudiar soluciones para los que diariamente viajan en colectivos, trenes y subterráneos.

Durante el encuentro en que se dio a conocer el informe Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires en el Ámbito de la Región Metropolitana la Defensora del Pueblo, doctora Alicia Pierini, señaló que “El análisis de la realidad del transporte público automotor de pasajeros no debería circunscribirse al simple estudio de la congestión vehicular o del incremento del parque automotor”.

El trabajo fue elaborado por la adjuntía a cargo del arquitecto Atilio Alimena quien agregó que “Nuestra ciudad debe ser examinada y considerada en el marco de la denominada región metropolitana que conforma junto a los 24 municipios de la Provincia de Buenos Aires, y que por usos, costumbres y funcionalidad ha generado que los límites geográficos tradicionales se hayan convertido en una simple formalidad. Por eso, resulta prioritario desarrollar una relación interjurisdiccional que permita articular planes y equipos de gestión conjuntos entre ciudad y provincia, para concretar políticas públicas que abarquen toda la región y garanticen la movilidad de las aproximadamente 12 millones de personas que la habitan”.

Alimena puntualiza que “el Estado Nacional subsidia a las empresas que operan en el área con el fin específico y casi excluyente de mantener el precio de las tarifas, sin considerar que ese objetivo debería resultar de la planificación y puesta en marcha de un sistema de transporte integral, eficiente y eficaz, que cubra la demanda real. El resultado es un descalabro que afecta el espacio público y vulnera el derecho básico a la movilidad”.

La falta de una articulación planificada entre los servicios de colectivos, trenes y subtes mediante la construcción de centros de transferencia que vinculen adecuadamente la región, el incumplimiento de las frecuencias de por sí insuficientes para satisfacer una demanda en constante aumento, los recorridos caprichosos y las paradas antojadizas determinadas por las empresas concesionarias, las irregularidades en materia de mantenimiento y limpieza de las unidades -en muchos casos ya obsoletas-, la contaminación ambiental y sonora que producen, la alta incidencia que tienen en los mal llamados accidentes de tránsito y el hacinamiento y maltrato que sufren los pasajeros son algunas de las consecuencias de “un Estado ausente y cómplice y un sistema que sólo sirve a los intereses comerciales de quienes lo explotan, que permiten la existencia de un servicio que no cubre la demanda real del ciudadano y vulnera en forma persistente sus derechos y garantías constitucionales”, remarcó el arquitecto Alimena.

Otra de las deficiencias señaladas en el informe es la carencia de un boleto único que le posibilite quienes deben combinar varios medios de transporte para completar un viaje pagar una tarifa más económica que la sumatoria de todos los boletos abonados por separado. “La ausencia de una planificación integral, el incumplimiento de la ley 25.031 de creación del Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM), la recurrente falta de revisión técnica de las unidades y una guerra comercial por los recorridos son las causas sustanciales que conspiran contra la calidad del servicio y agravan a diario la movilidad, el medio ambiente y la siniestralidad vial en el corazón de la ciudad y en toda la región metropolitana”, concluyó la doctora Pierini.

Por todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo exhortó al jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que efectivicen las acciones necesarias para la puesta en marcha del Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM) previsto en la ley 25.031.

Fuente: Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires