HABITAT
SOCIAL PARA UN MUNDO URBANO
El déficit habitacional en la Ciudad
de Buenos Aires
Propuestas de Organizacines No Gubernamentales y políticas
inovadoras de hábitat en Argentina.
El
Centro
por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE)
fue creado en 1994 como una organización no gubernamental
internacional e independiente. La ONG está comprometida en
asegurar el pleno gozo de los derechos económicos, sociales
y culturales para todos y en todo lugar, con un enfoque particular
en el derecho a la vivienda adecuada. Además, está
reconocida como organización con estatus consultivo ante
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
Hace tres años, dicho organismo elevó un informe
sobre la crisis habitacional en territorio porteño y en
el conurbano bonaerense.
El documento expresa que la situación en nuestro país
es preocupante: Han aumentado los desalojos forzosos, los desalojos
sumarísimos están a la orden del día en los
despachos judiciales, se han aumentado las penas por ocupación
ilegal de viviendas o tierras, y mientras se subrayan los derechos
de la propiedad privada absoluta, los derechos de los que no tienen
techo quedan reducidos a la nada.
Más del 50% de la población vive en centros urbanos,
y en 2005 ya se había alertado que en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires existen 100 mil propiedades desocupadas, por lo
que distintas organizaciones locales e internacionales vienen
presentando el problema en los ámbitos correspondientes,
tanto Senado de la Nación como a las autoridades locales
y nacionales.
Pero una nueva iniciativa innovadora aparece para nuestra comunidad
"Tapiar las viviendas", y de esta forma mantener desocupados
estos inmuebles y con alquileres altísimos para que toda
una familia viva pendiente de un alquiler y con un agravante ...saben
que no hay nada para alquilar…
Hoteles, inquilinatos, pensiones que no reúnen la más
mínima condiciones de habitabilidad en muchos casos cobran
500 pesos una pieza de 3 x 2 y con una salvedad "con hijo
no por favor…".
La población cree y visualiza a la ciudad como una alternativa
para resolver sus problemas (salud, educación, seguridad,
hábitat, etc.) y ven su crecimiento y desarrollo humano
a través de ella, pero nuestros representantes y urbanistas
diseñan ciudades cada vez mas expulsivas cuando la realidad
mundial les está indicando que son otros los caminos a
seguir.
Organizaciones sociales luchan por una ley marco, por la reforma
urbana, por el derecho a la ciudad, por la tenencia segura.
En 2004 se realizó un trabajo
muy completo sobre el derecho a la vivienda en la Argentina,
entre el COHRE y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Hay un capítulo que describe la situación del área
metropolitana de Buenos Aires que incluye la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y otros 24 municipios, comúnmente conocidos
como Gran Buenos Aires. El núcleo central está constituido
por la ciudad de Buenos Aires, en un radio de 50 kilómetros
aproximadamente. La rodean los municipios de Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio
Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno,
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín,
San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
El informe revela que en esta área vive aproximadamente
el 30% de la población del país, que se reparte
entre 2.776.138 habitantes en la ciudad de Buenos Aires y 8.684.437
en los 24 partidos del Gran Buenos Aires (del total de 13.827.203
de la provincia). En comparación con el censo realizado
durante 1991, la población aumentó en todos los
distritos a un promedio nacional del 11.20%, mientras que en la
ciudad de Buenos Aires disminuyó en un 6.40%. Este dato
es significativo si se considera que en los últimos 60
años casi no se habían registrado cambios en cantidad
de población en esta área, siempre cercana a los
3 millones de habitantes. El conglomerado urbano que en el censo
de 1947 era de sólo 1.741.338 habitantes, se ha quintuplicado
en 2001. Esta zona marca un fuerte contraste de concentración
de riqueza en la ciudad de Buenos Aires, y de la pobreza en importantes
áreas del conurbano bonaerense.
La situación del derecho a la vivienda debe ser analizada
en este marco general de agravamiento
socioeconómico de los últimos diez años.
Democratizar la urbe
Reportaje realizado el 29 de marzo de 2007 por el sitio web www.periodismosocial.org.ar
a Sebastián Tedeschi, un argentino que desde Porto Alegre
en Brasil, que ejerce como Coordinador para América del
Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE).
Tedeschi propone una reforma urbana en Argentina y explica cómo
puede hacerse y por qué es necesaria: "No puede ser
que el mejor negocio en Argentina sea la construcción o
el alquiler de vivienda cuando estamos en un tremendo déficit
habitacional".
-¿De qué hablamos cuando decimos derecho a la vivienda?
-Cuando decimos que hay derecho a la vivienda estamos diferenciándonos
de lo que es una política discrecional. Tener derecho significa
ser titular de algo que puede exigirse y esto es lo que diferencia
la simple política de vivienda que todo gobierno tiene,
lo que no significa que se respete un derecho, eso ocurre cuando
las personas pueden reclamar cuando se incumple.
-¿Qué política tiene este gobierno?
-Frente a la década del `90, en la que no había
inversión, este gobierno puso una inversión importante
en el sector. Pero creo que el gobierno pensó mucho más
en la idea de reactivación industrial, sobre todo en construcción.
Y tuvo efectos negativos, porque la gran inversión pública
a través de las empresas de construcción generó
la suba en el precio de los materiales y una gran dificultad para
los procesos de autoconstrucción, en los que la gente es
protagonista.
-¿Qué rol cumplen en la definición de estas
políticas las personas afectadas?
-En términos macros existen programas para incentivar
el sector a través de los privados y también dando
dinero a las cooperativas. Ahora, el gobierno le da mucho más
a una empresa privada, incluso para pagar el terreno, beneficio
que no reciben las cooperativas. Hoy hacer una vivienda en cooperativa
es casi imposible, salvo que busquen dinero por otro lado, como
el caso del MTL.
Tedeschi se refiere al flamante complejo de viviendas levantado
en el barrio porteño de Parque Patricios, construido por
el Movimiento Territorial de Liberación (MTL-CTA) y su
Cooperativa Emetele, que luego de 30 meses y con la participación
de 400 trabajadores que participaron de su construcción,
es hoy una realidad.
-Y está el tema de las famosas listas de adjudicatarios...
-El otro gran tema es que los programas se conciben en forma
autoritaria, porque la gente no tiene participación en
la lista de adjudicatarios, para lo cual habría que tener
una lista de prioridades establecidas de antemano por el gobierno
y otras consensuadas con las personas. Todos los conflictos que
se viven en los últimos tiempos sobre invasión en
terrenos o casas tienen que ver con la poca claridad en la lista
de adjudicatarios.
-Y en muchas provincias estar en esa lista depende de favores
partidarios...
-Obviamente, porque se abre una disputa política cotidiana
y se instala la necesidad de acercarse al puntero que manipula
el listado. Estas son falencias graves.
-¿A las personas les falta la información para
reclamar por este derecho?
-Claro, por que históricamente la relación que
construye el Estado es de esta manera. El origen de casi todos
los punteros políticos es de compromiso y generosidad con
su barrio, pero el Estado le delega funciones que no le corresponden:
“vos hacé la lista”; “vos repartí
medicamentos”. Y en definitiva les da un poder sin control
y crecen con esta práctica y es muy difícil cambiar
esta práctica en las comunidades porque la gente se acostumbró
a comunicarse con el Estado a través de estas personas.
-¿Hay casos exitosos en Argentina y otros países
que podamos aplicar?
-Fuera de Argentina existen. El caso testigo es Brasil que tiene
una política urbana que se construye democráticamente.
Tiene un Consejo de las Ciudades, una Conferencia Nacional de
las Ciudades, donde participan representantes de las organizaciones
de base, de los gremios, de los profesionales, de las empresas...todos
juntos discuten la política urbana, cuales son las prioridades.
Es una discusión que comienza en los municipios y termina
siendo nacional.
-Es de imaginar que también participan representantes
de las favelas...
-Exacto. Los líderes de las favelas son los más
fuertes en las distintas instancias de debate y la mayoría
de las discusiones se ganan articulando con la gente de las favelas,
generando alianzas entre favelas, organizaciones sociales, algunos
municipios y gremios de arquitectos. Hay una participación
real y orgánica.
-¿Cómo evalúa el rol de los Institutos de
la Vivienda que dependen de gobiernos provinciales?
-La idea original estaba bien inspirada, se trataba de que estos
organismos descentralizarán la política de vivienda,
que cada provincia pudiera discutir de acuerdo a su perfil cultural
y sus necesidades el perfil de vivienda que necesitaba. Pero los
programas actuales pasan por encima de las provincias, son centralizados,
inclusive el Plan Federal II va de Nación a los municipios
directamente. Y con gran presión, porque los apuran a los
intendentes para que se hagan cargo de las construcciones y no
se da el espacio social para construir un proyecto con la comunidad
del lugar, para que definan qué quieren hacer en sus espacios,
conocer de que viven.
Cuando uno construye un barrio tiene que pensar cómo es
la vida de la gente, cómo son sus lazos sociales, su estrategia
de supervivencia económica...¿son cartoneros? ¿tienen
comercios? El plan de vivienda tiene que adecuarse a esas necesidades
fomentando el trabajo y la sostenibilidad. De que vale construir
una casa si después la gente vuelve a, por ejemplo, engancharse
para tener electricidad, es decir reproduciendo esquemas de vida
anteriores porque el proyecto es insustentable.
Se construyen o proyectan barrios y se prohíbe colocar
comercios ¿Por qué la gente de la Villa no puede
tener comercios? O no hay espacio para que quienes cartonean coloquen
sus carros y sus papeles. No se piensan esas cosas.
-¿Faltan leyes para proteger este derecho?
-El gran ausente es el tema de regularización de vivienda
en Argentina. El 30 por ciento de las población no tiene
título de propiedad del lugar donde vive y esta carencia
también produce problemas para implementar los planes del
Gobierno. El tema quedó fuera de agenda, sumado a la furia
inmobiliaria especulativa en Buenos Aires, la disputa por las
tierras en Bariloche y Córdoba, por mencionar solo dos
ejemplos. En Córdoba fue terrible, hubo un proceso de expulsión
de las villas del centro de la ciudad para las afueras, construyendo
ghetos a pocos kilómetros del centro para sacar a los pobres
del disfrute de los urbano.
Quedarse sin techo
“Los desalojos son una de las peores violaciones a los
derechos humanos –asegura Sebastián Tedeschi- , porque
no es sólo sacar la seguridad del hogar, implica además
maltrato, muchas veces violatorio de derechos: Se viola el derecho
a la vivienda y muchos derechos sucedáneos. La gente empieza
a vagar por la calle buscando donde vivir, o se amontonan en condiciones
inhumanas, se desarticula su red de contención familiar...
Los organismos y documentos internacionales que forman parte de
nuestra Constitución consideran al desalojo violatorio
de derechos y son justificados en excepcionales circunstancias”
Si bien la Constitucional Nacional ha incorporado todos los pactos
internacionales que protegen el derecho a la vivienda, el Congreso
no ha legislado para adecuar las leyes a las pautas internacionales
y los jueces en raras ocasiones utilizan los argumentos que ofrecen
esos pactos.
“Un solo juez –recuerda Tedeschi- aplicó la
normativa internacional a la que está acogida Argentina.
Fue en 2004 un magistrado de la Ciudad de Buenos Aires que suspendió
el desalojo hasta tanto el Gobierno brindara una alternativa habitacional
a las familias. El concepto que aplicó tenía que
ver con no gastar dinero público de los tribunales y de
la policía para hacer nacer una violación de derechos
humanos, el dinero público se gasta para satisfacer derecho”.
-Volvemos a la ausencia de leyes, está escrito en la Constitución
pero falta la norma del Congreso. Las leyes de desalojo que tenemos
están pensadas –por la historia de nuestro país-
para beneficiar a los dueños.
-Sí, incluso durante el gobierno de Menem se avanzó
en la posibilidad de desalojos “express”, ya que antes
de tener sentencia podían desalojar. Se viola el debido
proceso, el derecho a la legítima defensa, es una barbaridad.
También se usa denunciar un delito de usurpación
y después nunca se prueba si hay culpables, no hay condena
judicial, pero se abre un proceso penal que posibilita desalojar
a las personas. Se usa al Poder Judicial para violar derechos
y el Poder Judicial se deja usar. Miran sólo los Códigos
y no la Constitución y los jueces tienen que aplicar todo
el Derecho.
-¿Cuál es la postura de su organización
en casos de ocupación de tierras o viviendas?
-La Argentina se ha poblado a través de ocupación,
la mitad de la tierra de Patagonia, por ocupación militar,
entonces el problema es que la legislación civil está
pensada desde la inscripción registral. Lo importante es
quien está registrado y no se le da importancia a la posesión
que es la relación real. Hay cientos de inscriptos como
propietarios que jamás usaron esa propiedad y no hay sanción
por la no utilización.
Entonces, por un lado la gente tiene derecho a buscar donde vivir,
y si bien como organización no apoyamos las ocupaciones,
cuando ya se efectivizó y nos piden asesoramiento nosotros
les proveemos asistencia jurídica.
El Estado argentino debería proveer instrumentos de regularización.
Por ejemplo, en Brasil si una persona vive en un lugar por más
de tres años, tiene el derecho a iniciar un proceso de
usucapión urbana que es la prescripción para adquirir
el dominio.
-¿Y en Argentina?
-Acá existe la prescripción veinteñal, y
de diez años con justo título y la ley Pierri que
fue reglamentada en algunas provincias que abrevia a tres esa
posibilidad pero antes de 1989, pero no se entiende porque hasta
esa fecha.
-¿Por donde empezar a debatir y buscar soluciones para
la problemática de las viviendas?
- Por procesos participativos, un ordenamiento que busque áreas
de vivienda social. Ahora todo el tiempo hay inversores inmobiliarios
que aprietan a la gente para que le vendan sus casas antiguas
para construir torres. Qué tipo de casas se construyen,
dónde están las áreas de interés social,
identificar los inmuebles especulativos y sancionarlos fiscalmente,
porque habiendo crisis habitacional no puede haber gente que haga
negocios con la vivienda. No puede ser que el mejor negocio en
Argentina sea la construcción o el alquiler de vivienda,
cuando estamos en un tremendo déficit habitacional. El
mejor negocio es uno delos principales problemas”.
Fuentes: www.periodismosocial.org.ar / www.cohre.org
