Las más importantes y de mayor debate fueron la sanción de la demorada Ley de Comunas y la modificación del Código Contravencional, se profundizaron las de políticas sociales y económicas y se le dio un fuerte impulso a normas para proteger el medio ambiente.

El logro más importante que consiguió esta Legislatura fue la sanción de la Ley de Comunas. Con la aprobación de la Ley 1777 no sólo se saldó una deuda constitucional que estaba a punto de cumplir cuatro años, sino también se dio el primer paso para concretar la descentralización política y administrativa de la Ciudad. De ahora en más la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo, y dependerá de él definir los pasos siguientes.

Otra de las iniciativas que puede considerarse trascendente es la modificación integral del Código Contravencional. Pese a los lamentables y recordados incidentes que se produjeron en la Legislatura durante una de las sesiones en las que se intentó someter el proyecto a votación, en la práctica los cambios realizados parecen haber sido positivos y no han generado demasiados conflictos. Obviamente, resta abordar una serie de temas que quedaron poco definidos como la oferta y demanda de sexo en la vía pública y la venta ambulante.

La segunda composición del Parlamento porteño apostó fuertemente a reconocer legalmente a las empresas recuperadas a manos de sus trabajadores, y la tercera profundizó esa apuesta. No sólo se avanzó en la sanción de leyes donde se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a fábricas, como por ejemplo las que están a cargo de las Coopertativas La Nueva Esperanza (Ex Global), y Cefomar (Ex Editorial Marymar), sino también se aprobó una ley de expropiación de 13 empresas que ya habían recibido la bendición de la Legislatura previamente.

Y si de reconocer realidades sociales se trata, los legisladores sancionaron la Ley de Emergencia Habitacional. La norma declaró por tres años la emergencia, por lo cual se destinará como mínimo 50 millones de pesos a dar soluciones habitacionales transitorias o definitivas. También se sancionó la ampliación del Vale Ciudad y la creación del Programa de Ciudadanía Porteña - Con todo derecho, impulsado por el Ejecutivo porteño. Ambas iniciativas tienden a la atención de necesidades sociales de una manera transparente, digna y no clientelística.

Además, la Legislatura creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA); el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor (SIPCo); y el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga. Asimismo, se prohibió la utilización de animales en espectáculos circenses y se aprobaron dos normas para el fomento de los clubes de barrio y las biblioteca populares.

En lo que respecta a la protección del medio ambiente, el trabajo de la Comisión de Ecología fue clave. Se aprobaron las leyes de Control de la Contaminación Acústica, de Regulación de la Preservación del aire y prevención y control de la contaminación atmosférica; de Regulación de la Limpieza a Seco en Tintorerías; de Educación Ambiental, y la norma conocida como "Basura Cero".

Con relación a la defensa de los derechos humanos, los diputados ratificaron el convenio firmado por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por el cual se traspasa a la Ciudad el predio donde funcionó la Esma para la creación de Espacio para la Memoria y declaró sitio histórico el Centro Clandestino de Detención y Tortura "El Atlético".

Por otra parte, la Legislatura modificó la Carta Orgánica del Banco Ciudad (hecho que generó algunas críticas por parte de los bloques de izquierda); redujo el impuesto al Alumbrado, Barrido y Limpieza a los contribuyentes cumplidores, simplificó el Régimen de Ingresos Brutos, sancionó la ley cuyo objeto es la promoción e instauración del Registro de Empleo y la norma por la cual se habilita la instalación del Polo Farmacéutico en la zona sur de la Ciudad.

En materia educativa, se aprobó la norma por la cual se determinó que los docentes de la Ciudad de Buenos Aires gozarán de un blanqueo en sus salarios, por medio de la incorporación al sueldo básico de todas las categorías no remunerativas, y se reguló el servicio de Transporte Escolar.

En el área de Salud, se aprobó la ley que reafirma una ordenanza que data de
1986 por la cual se establecía la construcción de un hospital en Villa Lugano; y la ley por la cual se fija la prohibición de fumar en los espacios cerrados con acceso público, en los establecimientos de salud, de educación y en los bares, confiterías y restoranes de menos de 100 metros cuadrados. La prohibición no será total en los locales de más de 100 metros cuadrados, donde habrá una zona especial para fumadores.

Siguiendo con el cumplimiento de cláusulas constitucionales, se constituyó el Consejo de la Juventud y se reguló la incorporación de personas con necesidades especiales en el sector público de la Ciudad.

Las perlas negras de la Legislatura

La desprolija forma de trabajo en la redacción de leyes ocasionó que en más de una oportunidad hubiese vetos por parte del Ejecutivo porteño.

También se profundizó una práctica que no redunda en beneficios para los habitantes de la Ciudad: la designación de nombres no a espacios verdes, sino a canteros. Esta costumbre, sumada a la gran cantidad de proyectos para declarar ciudadanos ilustres y personalidades destacadas no sólo insume tiempo sino también esfuerzo que, en varios casos, no se corresponde con los méritos de las personas a las que se les hacen tales homenajes.

Otro de los puntos bajos de esta composición legislativa fue la entrega indiscriminada de subsidios a diferentes organizaciones sociales del distrito porteño. Si bien muchas de las asociaciones tenían necesidades genuinas, el mecanismo por el cual se les otorgaron los subsidios distó mucho de ser transparente.

En tanto, si bien hay que destacar que fue en este período legislativo cuando se trataron en el recinto, por primera vez, proyectos de ley de educación sexual, el debate fue totalmente infructuoso porque ninguna de las dos iniciativas analizadas fue sancionada. En este tema fue más la presión realizada por los grupos que no comulgan con la obligatoriedad de dar contenidos de educación sexual en los colegios, que la voluntad política de ciertos sectores para avanzar en ese sentido.

Por último, hay una ley reciente que se llevó la perla negra de oro: la ley que tiene por objeto regular el otorgamiento, el mantenimiento y la regularización de permisos para la afectación, el uso y la ocupación del espacio público de la ciudad de Buenos Aires para la instalación de redes HFC que se afecten a la prestación de servicios de televisión por cable y servicios complementarios.

Esta norma, en definitiva, deroga la ordenanza que obligaba a las empresas de cable soterrar el cableado aéreo. La ordenanza, de 1995, les daba a estas empresas un plazo de 10 años para hacer esta tarea, que nunca llevaron a cabo.
Ahora, en cambio, se estableció que los postes de madera deben ser cambiados por postes de metal y sólo se ordenó quitar el tendido aéreo en el microcentro.
Este cambio de planes permitió que, de un plumazo, las empresas multimedios ahorraran, según se estima, un monto de 300 millones de pesos, a costa de la calidad ambiental de los porteños.