(por Haydée Breslav, para la Cooperativa de Publicaciones EBC)

"Caminito al conchabo, caminito a la muerte / bajo el fardo de ropa que llevas a coser…" Compuesto por Cátulo Castillo y grabado en 1925 por Gardel, el tango "Caminito al taller" recobra penosa y recrudecida actualidad en la Buenos Aires del siglo XXI, donde un incendio en la calle Luis Viale puso por unos días en la primera plana de los diarios a un sistema, presuntamente clandestino, de producción textil, basado en la mano de obra esclava y la corrupción, que elabora prendas para renombradas marcas de plaza. En procura de datos entrevistamos a Gustavo Vera, vocero de la Unión de Trabajadores Costureros, entidad que desde su fundación, en octubre del año pasado, ha cumplido intensa actividad investigando y denunciando distintos aspectos de este malhadado estado de cosas.

-¿Cuál es su apreciación de los hechos del 30 de marzo?

-El siniestro de Luis Viale fue la crónica de una tragedia largamente anunciada: anunciada por los medios, por la Defensoría, por la Legislatura a través de un pedido de informes que se votó el 24 de noviembre último, por diversas causas judiciales iniciadas para allanar talleres donde se reducía a los trabajadores a la servidumbre y había tráfico ilegal de personas. Ya se había denunciado la existencia de grandes empresas que regenteaban este tipo de talleres, y no se trataba solamente de falsificación de marca; se había denunciado también que las condiciones de hacinamiento hacían altamente probable que se produjeran incendios, accidentes y siniestros a diario, porque estos lugares acumulan material inflamable, tienen cables expuestos y no cumplen ninguna norma básica de seguridad. En realidad, lo sorpresivo no fue el incendio, sino que no se hubieran producido hasta ahora más siniestros de estas características.

-¿Qué hicieron los organismos oficiales ante esas denuncias?

- En el periodo que va desde el 26 de octubre, cuando tuvo lugar la pre-sentación de la Defensoría, hasta el momento del incendio, no hicieron prácticamente nada. Lo que hizo la Secretaría de Seguridad, en di-ciembre, fue montar una puesta en escena, saliendo a inspeccionar al-gunos pequeños talleres familiares dedicados a la falsificación de marca. En general, se los clausuraba cuando no cumplían con las normas de seguridad e higiene y otras consideraciones respecto de la habilitación, pero esas clausuras tenían poco efecto, porque a la semana el tallerista agarraba sus máquinas y se mudaba. La clausura es solamente colocar una faja: no es resolver el problema de la víctima, no es castigar al culpable de delitos federales muy graves, no es confiscar la maquinaria para dársela a los trabajadores.


-¿Cuál es el origen de este estado de cosas?

- Desde hace muchísimos años ha habido talleres que funcionaban en condiciones de servidumbre y hacinamiento, pero eran hechos excep-cionales; este sistema, así como está montado, con cientos y cientos de talleres diseminados por todos lados y grandes fabricantes viviendo de ellos, comenzó concretamente con la convertibilidad y la apertura económica, cuando las empresas textiles, por efecto de la sobrevaluación del peso, se encontraron con que no podían competir con los productos provenientes del sudeste asiático, del Brasil y de otros lugares. En esos momentos, Menem impuso también una flexibilización y una desre-gulación laborales que fueron acompañadas de algo que hasta el momento no había existido en la Argentina, o sea el reclutamiento en masa, mediante mecanismos de trata, de inmigrantes extranjeros para explotarlos a sueldos muy inferiores a los que establece el salario real en la Argentina. Obviamente, esto creció geométricamente con la deva-luación del peso que, con la sustitución de importaciones, reactivó la industria textil.

-¿A quién va la producción?

- A dos sectores: por un lado están los que falsifican marca, y entonces va a los mercados informales de La Salada, Bonorino, etcétera; y por el otro, están las grandes empresas como Lácar, Montagne, Rusty, Gracie-la Naum, Port Said, Kosiuko, Cocorayado y Rash, entre otras, que utilizan mano de obra esclava para obtener superganancias, como ocurre en países del sudeste asiático, o con las maquilas en México. En realidad, se trata de una manifestación de la barbarie del capitalismo globaliza-do.

-¿Cuáles son las condiciones de trabajo?

- La mayoría de estos talleres trabajo desde el lunes hasta el sábado a mediodía sin parar, en un sistema que implica ir de la cama a la máqui-na y de la máquina a la cama, que en algunos lugares está al lado de la máquina. La jornada oscila entre las dieciséis y las dieciocho horas, y el pago es por prenda: entre veinte centavos y un peso con cincuenta, por la prenda más compleja. No logran conformar más de quinientos pesos de sueldo, que en general no les pagan, sino que les entregan vales de veinte o cincuenta pesos durante el fin de semana; es muy común que los echen con importantes deudas salariales sin saldar. La alimentación es escasa y precaria, y las condiciones de hacinamiento extremas.

-¿Esta situación se limita al rubro textil?

- No, también en la fabricación de ladrillos en Córdoba, y en la horticultura y la agricultura, por lo menos en Santa Fe, nos consta que hay si-tuaciones de servidumbre y mecanismos de trata: trasladan personas de países limítrofes mediante engaños para después aprovechar su estado de vulnerabilidad social y el hecho de que no tengan documentos para poder hacer con ellas lo que quieran los patrones.

-¿Qué puede decirnos de las manifestaciones de los trabajadores en protesta por las clausuras de talleres?

- Que tenemos una cantidad importantísima de denuncias de costureros según las cuales esas marchas fueron manipuladas por los talleristas. El costurero vive en la casa del tallerista y depende absolutamente de éste, no solamente en lo que al trabajo se refiere. También su familia vive en ese lugar, y no tienen documentos, ni adonde ir; por lo tanto, lo que dice el tallerista es palabra sagrada y no se discute, se esté de acuerdo con él o no. Los talleristas llevaron a la rastra a sus costureros, bajo amenaza de despido, y esa fue la razón por la cual hubo una concurrencia bastante nutrida; en realidad, los más exaltados eran cuatrocientos o quinientos, todos ellos dueños de talleres en la zona sudoeste de la ciudad. A esta altura de los acontecimientos, sabemos por qué marcharon: por el informe que hemos presentado el 28 de abril último, que es un relevamiento de 108 talleres hecho por los mismos costureros, quienes dan testimonio de ese infierno. No es igual que un vecino denuncie la presunta existencia de un taller por ruidos molestos, a que lo haga un costurero que lo sufrió en carne propia.

-Por último, ¿cómo cree usted que va a evolucionar esta situación?

- Si los trabajadores y la ciudadanía toda entendemos el problema, y fiscalizamos su desarrollo entre todos a fin de que efectivamente las máquinas sean confiscadas y entregadas a los obreros para que las tra-bajen en forma cooperativa -estamos tratando de ver que la Legislatu-ra pueda votar rápidamente un proyecto presentado en este sentido- y los delincuentes explotadores vayan a la cárcel, creo que va a haber una salida; pero si después el problema baja de los medios y la gente se desentiende, el sistema va a continuar.

La palabra oficial

Para contar con la palabra oficial acerca de este tema, intentamos entrevistar al ministro de Gobierno de la Ciudad, Diego Gorgal; también era nuestro propósito conocer la opinión de la defensora del Pueblo, Alicia Pierini. En ambas dependencias, sendos funciona-rios del área de Prensa -el del Ministerio taxativamente, el otro mediante postergaciones y evasivas- nos negaron la respectiva posibilidad.



(Para comunicarse con la Unión de Trabajadores Costureros: 4671-4690)